La protección de los defensores de derechos humanos es fundamental para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. En este contexto, el Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Dra. Karin Herrera, lanza la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2025-2035), un instrumento clave para salvaguardar a quienes promueven la justicia y la democracia en el país.
La política, resultado de un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, busca proteger la integridad y el trabajo de los defensores de derechos humanos, reconociéndolos como aliados fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
La política se fundamenta en el diálogo, la pluralidad y el respeto a la diversidad de voces, y se enfoca en cinco ejes estratégicos:
- Protección: Implementar un sistema integral con enfoque diferencial y alertas tempranas.
- Prevención: Fortalecer la formación y el diálogo para evitar agresiones y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
- Justicia: Mejorar la cooperación con el sector judicial para investigar y sancionar agresiones.
- Participación: Reconocer públicamente a las personas defensoras y promover espacios de diálogo con la sociedad civil.
- Reparación: Garantizar medidas de reparación y no repetición con enfoque interseccional.
Esta política es un paso significativo hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, y reconoce la importancia de proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país
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