Las condiciones geográficas y de desarrollo de Guatemala están sujetas ineludiblemente a las dinámicas estructurales y coyunturales a nivel mundial. Esto incide de manera importante en el desarrollo endógeno y en las estrategias de relacionamiento internacional del país. Guatemala no puede ignorar las crecientes preocupaciones internacionales por fenómenos que afectan a nivel global, como el cambio climático, la degradación ambiental o por conflictos bélicos, como el de Rusia-Ucrania, que impactan la estabilidad regional y tiene implicaciones económicas, políticas y sociales en la región.
El país forma parte de un sistema de relaciones internacionales, lo que implica colaborar en soluciones globales, comprometerse y aprovechar oportunidades para el desarrollo local. Como el resto de los países del mundo, Guatemala experimentó consecuencias significativas a partir de la contracción de la actividad económica mundial, producto tanto de la pandemia del Covid-19 y el conflicto en desarrollo entre Rusia y Ucrania. La pandemia transformó las dinámicas sociales y laborales, afectando sectores como el turismo y el transporte. A pesar de esto, el crecimiento económico se mantuvo gracias al flujo de remesas desde el exterior, las cuales no experimentaron descensos significativos, lo que evidencia una tendencia estructural en la dinámica migratoria.
Sin embargo, esta crisis global reveló diferencias significativas en la capacidad de respuesta y en la asignación de recursos financieros y sanitarios entre distintos países, subrayando la importancia de aumentar los recursos de cooperación tanto para la atención de emergencias humanitarias como para el desarrollo. Esto es crucial no solo para los países de ingresos bajos, sino también para los países de renta media, en los que las desigualdades a nivel social, tal el caso de Guatemala, donde las desigualdades sociales han limitado gravemente la capacidad de respuesta del país para garantizar una atención justa y equitativa para todos.
Durante la pandemia, los pueblos indígenas en Guatemala enfrentaron desafíos significativos debido al limitado acceso al agua potable, lo que dificultó la implementación de medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos recomendado por la OMS. Este problema afectó a aproximadamente 7 de cada 10 personas indígenas, según el informe “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala” (CEPAL, 2020).
La pandemia puso de manifiesto no solo la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios públicos, sino también mostró la fragilidad de las políticas de bienestar y de desarrollo social actuales. Reveló las consecuencias negativas de la desigualdad económica en la resiliencia de las personas, especialmente en un contexto de desfinanciamiento de la salud pública y 19 políticas de bienestar de alcance limitado. Aunque estas disparidades varían entre países, la crisis resaltó la necesidad de abordar estas deficiencias para garantizar una mayor equidad y protección en el futuro.
En síntesis, esta coyuntura destacó la importancia del papel del Estado frente a emergencias de salud y humanitarias. Se evidenció la necesidad de promover y financiar políticas integrales para la atención, mitigación y recuperación ante contingencias, ya sean de origen natural o humano, para evitar que afecten la planificación del desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. Además, mostró la necesidad de establecer políticas de bienestar social oportunas que habiliten a los guatemaltecos sin distinción social, económica, étnica ni de género para enfrentar este tipo de emergencias, independientemente de su patrimonio.
La FAO advierte sobre el aumento de precios de fertilizantes desde 2021 y la posibilidad de interrupción en la cadena de suministros debido al conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Esto podría reducir la productividad local en países en conflicto, generando escasez y aumentando los precios de insumos críticos para la seguridad alimentaria global. Esta situación es preocupante, especialmente para Guatemala, que está clasificada como un área de alto riesgo de hambre a nivel mundial para 2024.
La estatalidad guatemalteca se debilitó tras las reformas neoliberales de los 90 y la liberalización de los mercados de importación de granos básicos durante esa década, lo que provocó una transformación radical en la dinámica del mercado local y limitó la capacidad del Estado para tener un papel más decisivo para mitigar la fluctuación de los precios de los granos para el consumo humano. Actualmente, cualquier alteración en la cadena de suministros internacionales o en la estructura de precios puede comprometer la seguridad alimentaria del país.
El conflicto en Europa del Este parece no afectar significativamente los montos actuales de Ayuda Internacional al Desarrollo destinados a Guatemala en el ámbito de la Cooperación Internacional. En este mismo contexto, es importante advertir que América Latina y el 20 Caribe está completando una segunda década pérdida, esto derivado de que el crecimiento económico durante 2010-2019 apenas alcanzó el 0.8%, siendo este crecimiento aún más bajo que el mostrado durante la década pérdida1, de 2.0%. El panorama no parece ser alentador en la región en cuanto al crecimiento económico, por lo que la CEPAL ha postulado si la década 2020-2029 también podría ser una década pérdida, ya que si bien después de la pandemia del COVID-19 se mostró un crecimiento de 6.8% en la región, los años subsiguientes se ha registrado una baja significativa, llegando a un crecimiento de 1.7% en 2023. Si bien en el caso de Guatemala se ha observado un crecimiento económico superior al de la región, las estimaciones muestran que una buena proporción de este crecimiento se debe al bono demográfico que actualmente experimenta el país.
Dinámicas políticas mundiales: desafíos de la preservación del Estado en un contexto post neoliberal y la Cooperación para el desarrollo.
El contexto internacional se caracteriza por una creciente competencia geopolítica que desafía el orden económico establecido tras la Segunda Guerra Mundial, propiciando la formación de bloques regionales de inversión y comercio motivados por la seguridad nacional y la soberanía económica y tecnológica. Este escenario se manifiesta notablemente en la relocalización de empresas y cadenas de valor, generando tanto oportunidades de inversión como ampliación de desigualdades y descontento hacia distintas formas de gobierno. Así, el equilibrio político mundial contemporáneo depende en gran medida de la preservación de los valores democráticos y el Estado de Derecho, fundamentales para tejer agendas y compromisos internacionales como la Agenda Internacional de Desarrollo. Para 2024, se reaviva el debate sobre el papel del Estado como impulsor del desarrollo, en alianza con otros actores no estatales, sociales y económicos, especialmente, tras observar el limitado éxito en términos de desarrollo de diversas reformas implementadas en América Latina.
Este primer paso para generar el marco de oportunidades de desarrollo que presupone el afianzamiento de la institucionalidad democrática con la transición presidencial de 2024 es un logro inapelable de la coincidencia entre los actores sociales nacionales y la comunidad internacional presente en el país. Sin embargo, Guatemala aún enfrenta desafíos significativos para maximizar un marco de oportunidades de desarrollo, en especial, en lo que respecta a la cooperación internacional.
La clasificación de Guatemala como país de renta media alta en el año 20212 implica la percepción de que la nación podría tener la capacidad de financiar su propio desarrollo. Esta clasificación afecta directamente las oportunidades de recibir cooperación internacional adicional, ya que las políticas de financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) suelen basarse en el nivel de ingresos del país. Una evidencia de esto es la diferencia de montos de cooperación per cápita entre países de renta media alta y baja.
La clasificación de Guatemala como país de renta media alta impacta directamente en sus posibilidades de financiamiento, al no considerar los niveles de pobreza, pobreza extrema, desigualdades económicas, desarrollo territorial y los desafíos de gobernabilidad que enfrenta.
Según el Banco Mundial, el Índice de Capital Humano de Guatemala es de 0,46 (2020), situándolo por debajo del promedio de América Latina. Este indicador es especialmente bajo entre la población indígena y afrodescendiente, y se ve agravado por una tasa de desnutrición crónica infantil del país de 46.5%, según la Encuesta de Salud Materno Infantil. Además, la proporción de hogares con niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento suele acercarse al 90%, según datos del Banco Mundial.
Estos desafíos a futuro plantean la necesidad de asegurar recursos adecuados para financiar el desarrollo. En 2023, el país registró una recaudación tributaria del 12%9 muy por debajo del promedio centroamericano (alrededor del 15%) y significativamente más baja que la carga tributaria de los países de la OCDE (34.1%). Esta disparidad pone en cuestión la arquitectura financiera nacional y destaca la importancia de establecer relaciones colaborativas con la comunidad internacional para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles para abordar los desafíos globales y atender a las poblaciones más vulnerables del país.
Tal situación destaca los graves desafíos que enfrenta Guatemala como una de las zonas más vulnerables al cambio climático a nivel mundial. Este hecho se constituye en un factor primordial que orienta las políticas públicas para las próximas décadas. Los escenarios proyectados para 2050 implican riesgos de desastres, deterioro de los recursos hídricos, deforestación, desertificación de los suelos productivos y problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Estos fenómenos afectan principalmente a las poblaciones más pobres de Guatemala y, en particular, a la niñez y adolescencia, debido al modelo de desarrollo actual
Actualmente, la cooperación internacional, tanto la reembolsable (préstamos) como la no reembolsable (donaciones), contribuye al Estado de Guatemala aproximadamente el 1.47% del presupuesto nacional para el 2023. Sin embargo, la cooperación no reembolsable representó solo el 0.09% del Producto Interno Bruto (PIB). Este panorama resalta la necesidad de aumentar el compromiso del sector público guatemalteco para garantizar una adecuada utilización de estos recursos, a la par de un compromiso por parte de la comunidad de donantes internacionales para respaldar financieramente los esfuerzos del país en el marco de un nuevo entendimiento político entre el Estado y la Comunidad Internacional. Además, es crucial mejorar el seguimiento de los compromisos contractuales entre donantes y el Estado, ya que existen discrepancias en términos de la suscripción de la cooperación, los desembolsos efectivos y la ejecución de estos esfuerzos conjuntos.
En este contexto, con el interés expresado por la Comunidad Internacional en respaldar a la administración del presidente Bernardo Arévalo, Guatemala tiene ahora la oportunidad de fortalecer aún más los espacios de diálogo con los donantes. Esto permitiría que contribuyan de manera decisiva a las estrategias del gobierno actual en áreas como el desarrollo social, la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel territorial. Es fundamental alcanzar acuerdos a través del diálogo para establecer una conducción estratégica de los recursos de cooperación, tomando en cuenta las prioridades y las brechas sociales existentes. Asimismo, se requiere que los países aliados se sumen a las políticas y planes de desarrollo del país, promoviendo la complementariedad y coordinación en el territorio.
Contexto económico internacional asociado a Guatemala: las dinámicas migratorias como fuente de oportunidades y desafíos La dinámica internacional de Guatemala se caracteriza por varios factores que le otorgan un rol activo en la región. Su ubicación geográfica estratégica le permita conectar con América del Norte y del Sur, facilitando relaciones comerciales. Sin embargo, según datos del Banco Mundial de 2023, el país tiene una economía en desarrollo con una marcada dependencia de las exportaciones agrícolas y de las remesas de las y los guatemaltecos migrantes. Este modelo de fuerte dependencia económica internacional debe replantearse reconsiderando los desafíos ante los efectos del cambio climático. Guatemala tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial bilateral, tanto en exportaciones como en importaciones seguido de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que en conjunto representaron el segundo socio comercial con el 29.5% de las exportaciones guatemaltecas en 2022. Además, Costa Rica aporta el 4% de las exportaciones totales. En consecuencia, Centroamérica se constituye en el principal destino de exportaciones para Guatemala con el 33.5% del total en 2022. El segundo bloque en importancia lo conforman los países de la Eurozona, que representan el 9% de las exportaciones.
La principal fuente de ingresos desde el exterior para Guatemala son las remesas recibidas desde los Estados Unidos de América, alcanzando 19 mil millones de dólares en el 2023, con una estimación de 20 mil millones para 2024. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estos recursos son generados por alrededor de 2,3 millones de guatemaltecos migrantes
El perfil socio laboral y educativo de la población migrante se caracteriza por su propia especificidad en nichos laborales particulares en los Estados Unidos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), seis de cada diez inmigrantes nunca hicieron estudios secundarios, mientras que el resto no terminó la educación secundaria básica y el 76% apenas alcanzó la educación primaria. En cuanto a su inserción laboral, destacan principalmente en sectores como la construcción (17%) y el servicio doméstico (7%).
Es importante considerar que las políticas migratorias restrictivas implementadas por Estados Unidos han resultado en la deportación de más de 55 mil guatemaltecos en 2023, lo que podría limitar el flujo de remesas hacia Guatemala.
En las últimas dos décadas, la cooperación internacional se ha centrado en impulsar acciones en sectores económicos, sociales, medioambientales y políticos institucionales. Estos importantes apoyos al sector público, en el marco de los instrumentos internacionales de eficacia de la Cooperación (París, Busan, Accra y otros) tienen como objetivo complementar de manera decisiva los esfuerzos nacionales de desarrollo. (Gráfica 1)
Principales compromisos internacionales:
A partir de los compromisos que el Estado de Guatemala ha suscrito, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que actualmente orientan la arquitectura de la cooperación para el desarrollo, el país ha estado implementando acciones para superar desafíos y alcanzar los compromisos en esta materia.
Guatemala necesita implementar políticas públicas que aborden los desafíos de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el cambio climático. Además, es crucial fortalecer las instituciones públicas para que sean eficientes y transparentes, así como promover la participación de la sociedad civil en la agenda. Es importante destacar que el compromiso de Guatemala con la agenda internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un proceso continuo que requiere un esfuerzo sostenido por parte del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Por su parte, Guatemala ratificó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en 2017, lo que destaca la importancia de impulsar acciones relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio climático. Además, el país está adherido a convenios fundamentales sobre el trabajo digno, libertad sindical y eliminación del trabajo infantil. Desde la perspectiva de derechos, cumplir con estos compromisos implica la garantía del Estado y una coordinación estrecha con los cooperantes y otros actores relacionados.
En conclusión, el marco estratégico general de la cooperación internacional en Guatemala debe dirigirse hacia intervenciones clave que puedan potenciar la eficacia de los recursos nacionales, mejorar la relevancia de la asistencia técnica y complementar la inversión pública estratégica para el desarrollo, a fin de enfrentar los desafíos del país de manera efectiva.
