En la última década, Guatemala ha pasado de ser esencialmente un país de origen de personas migrantes, a ser cada vez más un territorio de tránsito y retorno, así como en menor medida también, un lugar de destino. Este panorama ha impulsado cambios sustanciales en la dinámica migratoria del país y en las respuestas por parte del Estado, especialmente en la atención y protección de las personas migrantes. A su vez, se han revelado las áreas de mejora y las dificultades a enfrentar para lograr la gobernanza de la migración internacional en el país de una manera segura, ordenada y regular.
En 2016, con la entrada en vigencia del Código de Migración, Decreto Número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, se generó un cambio profundo en la forma de abordar la temática migratoria en el país y la estructura institucional para ello. Los derechos de las personas migrantes pasan al centro de la perspectiva de la gestión migratoria y se crea un sistema de nuevas entidades vinculadas a la gestión y la atención para las personas en contexto migratorio: el Sistema Migratorio Guatemalteco, la Autoridad Migratoria Nacional (AMN), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Consejo de Atención y Protección (CAP).
