7.2 Desarrollo Social

Análisis de contexto del sector educación 

La situación de la educación en Guatemala es diversa, tiene diferentes aristas y los contextos son variados. En algunos casos los indicadores nacionales muestran avances, pero en la especificidad se encuentran rezagos y brechas. La información oficial proporcionada durante el proceso de transición está actualizada hasta el 2022, de conformidad con datos disponibles. 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, (INE), la población en edad escolar total (Población de 5 a 18 años.) ascendía a 5.06 millones en el 2016, manteniéndose hasta el 2022. En 2024, la población en edad escolar es de 5.09 millones, de los cuales, 4.2 millones se registraron inscritos en el 2022; por lo que, en el marco de la cobertura educativa, representa una tasa bruta de escolaridad global (TBE) del 82 %. De esto, se infiere que para 2022 cerca de 860,000 niños y adolescentes estaban fuera del sistema educativo. De los 4.2 millones de matriculados en 2022, 76% fueron atendidos por el sector oficial y 24% por el sector privado y cooperativo. Sin embargo, la atención del sector privado es menor en primaria y preprimaria, pero aumenta hasta alcanzar el 70% en diversificado. 

Por otro lado, la tasa neta de escolaridad (TNE), en 2022 se ubicaba en 66%. Por nivel educativo, muestra que en primaria fue de 95% y en nivel medio, especialmente en diversificado el 24%. A nivel departamental sobresale el departamento de Guatemala con los índices más altos y en el extremo opuesto Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz con los índices más bajos. 

En materia de eficiencia interna, resalta la situación de repitencia, deserción, no promoción y fracaso escolar. En el 2022, el sistema educativo reportaba 6.0% en repitencia, el nivel más afectado es el primario con 8.3%, en donde primero primaria alcanza el 14.6% siendo los departamentos más afectados: Alta Verapaz con 15.5%, Petén con 13.7% y Jalapa 13.0%. 

La deserción escolar en el 2022 fue de 4.0%, siendo el ciclo básico el más afectado con 6.2%. A nivel departamental destaca Petén con 14.03%, Jalapa con 10.42% y Baja Verapaz con 10.08%. En cuanto a la no promoción, el porcentaje a nivel nacional es de 11.9%, concentrando el 20.2% en el ciclo básico, con mayor incidencia en los hombres con 24% y el 17.0% de mujeres. Los departamentos con mayor índice de no promoción para el ciclo básico son: Petén con 26.7% y Sacatepéquez con 25.7%. En el nivel primario son: Alta Verapaz con el 21.0% y Jalapa con el 19.9% (Mapa 1). 

Tasa bruta de escolarización educativa en el nivel medio de educación al año 2022
ciclos básico y diversificado

En cuanto al fracaso escolar, para el 2022 a nivel nacional fue de 15.4%, siendo el ciclo básico el más afectado con 25.2%, con mayor incidencia en Quetzaltenango con el 29.7% y Sacatepéquez con el 29.1%.

Respecto a la calidad del sistema educativo, los resultados de evaluaciones educativas nacionales, en el nivel primario se han realizado en primero, tercero y sexto grado. La última evaluación en primero primaria realizada en 2010, reportó el nivel de logro de 47.5% en lectura y 46.3% en matemática. Para tercero y sexto primaria la última evaluación realizada fue en el 2019, donde se obtuvo un nivel de logro de 56% en lectura y 50% en matemática, mientras que, en sexto primaria fue de 42.6% en lectura y 44.6% en matemática. Al considerar la tasa de promoción del mismo año, ésta alcanzó el 97% en sexto primaria, lo que indica que más del 50% de los estudiantes son promovidos de nivel sin tener las habilidades de lectura y matemática necesarias. 

En el nivel medio se realizan evaluaciones nacionales en tercero básico y último año de diversificado (graduandos). En tercero básico en 2022 el nivel de logro alcanzó 24% en lectura y 16% matemática, respecto al 2019, la tendencia en el logro de matemática es a la baja. Para los graduandos, en 2022 solo el 14 % obtuvo un logro satisfactorio o excelente en matemática y el 31 % en lectura. 

La diferencia entre los establecimientos del área urbana y los del área rural, es mayor a favor de los primeros. Tanto en lectura como en matemática, en primaria la brecha supera 20 puntos porcentuales en promedio en las evaluaciones de tercero y sexto grados, en básico se reduce, en lectura la diferencia alcanza 14 puntos porcentuales y en matemática es casi 9. En la evaluación de graduandos, la brecha promedio se reduce, pero aún persiste. 

El sector privado muestra mejor rendimiento en las evaluaciones desde el 2006 al 2022 y marca diferencia significativa entre los otros sectores. El sector que obtiene los peores resultados promedio es el municipal. A nivel de pueblos, el mejor logro en todos los niveles y evaluaciones lo obtiene el pueblo ladino. Los tres pueblos indígenas apenas alcanzan la mitad de lo logrado por el ladino, las brechas más marcadas se muestran en la evaluación de graduandos en el área de matemática, donde el pueblo ladino promedia 9.5%, el maya 4.2% y el pueblo xinka con 1.9% de promedio en todas las evaluaciones realizadas del 2006 al 2022. 

Para finalizar, los departamentos que obtienen el promedio más bajo en todas las evaluaciones de 2006 al 2022, son Alta Verapaz y Quiché. En la evaluación de graduandos 2022, los departamentos con menor desempeño en lectura fueron Jutiapa y Santa Rosa con el 17%; en matemática Jalapa y Zacapa con 5% y Jutiapa con 3%, distantes del 31% y 14% del resultado nacional.

En cuanto a los docentes, el MINEDUC no realiza una evaluación educativa censal, sin embargo, puede utilizarse como referencia la Evaluación Diagnóstica para Docentes. Según el portal de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA) del MINEDUC, durante el 2022 se evaluaron 19,013 docentes, de los cuales los siguientes datos reflejan el porcentaje de docentes que obtuvo 60 puntos o más según el área evaluada: 38% en comunicación y lenguaje, 34% en matemática y 48% en estrategias de enseñanza. Al analizar la proporción de los docentes que superan los 90 puntos en cada área, los datos reflejan los siguientes resultados: 1% en comunicación, 5% en matemática y 0.6% en estrategias de enseñanza. En 2019, el 56% de los evaluados reportaron tener estudios universitarios. 

Con respecto a la cobertura de educación bilingüe, en idiomas mayas al punto que de acuerdo con datos del censo 2018 la primera infancia y la infancia que demandó aprender a leer y escribir en su idioma materno contabilizó un total de 911,055 niñas y niños, no obstante, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, solamente 459,525 recibieron educación en su idioma materno; mostrando un déficit de cobertura bilingüe de 452 mil niñas y niños mayas, garífunas y xinkas fuera del sistema educativo, en el año 2022. 

En el nivel preprimario la comunidad Akateka es la que tiene mayor cobertura con 75.0% y la que tuvo menor cobertura fue la Tektiteka con 0%. En el nivel primario, la mayor cobertura fue del 55.9% en idioma Q´eqchi, mientras que en idioma Akateko y Sipakapense fue del 6.0% y 6.3% respectivamente.

Visiones estratégicas para la educación 

Cobertura 

Para percibir verdaderos avances en el Sistema Educativo Nacional, es indispensable atender las mayores brechas de este desde el enfoque de igualdad y equidad. En cuanto a la cobertura educativa, este gobierno promoverá la incorporación de la población en edad escolar que actualmente se encuentra fuera del sistema. También, estratégicamente se llevarán a cabo intervenciones para desincentivar la deserción y fracaso escolar, en todos los niveles. (Anexo 1)

Líneas estratégicas 

• Lograr cobertura en la primera infancia y el nivel medio de educación, tanto en el ciclo básico, como diversificado.
• Atender las principales brechas del Sistema Educativo Nacional desde el enfoque de igualdad y equidad. 
• Promover la incorporación de la población en edad escolar que actualmente se encuentra fuera del sistema. 
• Desincentivar la deserción y fracaso escolar, en todos los niveles. 
• Fortalecer la formación docente en los idiomas mayas, garífuna y xinka. 
• Ampliar la accesibilidad de la educación bilingüe intercultural en los niveles preprimario y primario para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de recibir educación en sus propios idiomas.

Calidad 

Para gestionar la calidad en la educación, se impulsarán estrategias que prioricen a la población maya, garífuna y xinka, para disminuir la brecha significativa en términos del logro satisfactorio o excelente en las evaluaciones nacionales para lectura y matemática. 

Líneas estratégicas 

• Garantizar la permanencia de las niñas y adolescentes en todos los niveles del sistema educativo público, priorizando el nivel medio. 
• Prestar especial atención en la población indígena en los territorios que presenten menor nivel de logro en lectura y matemática. 
• Propiciar espacios físicos adecuados y seguros integralmente para el proceso de la educación en el sector público. 
• Ampliar y mejorar los establecimientos para atender el nivel medio del sector público, a través de institutos regionales de excelencia, dotándolos de herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje.
• Garantizar los recursos educativos necesarios para promover la educación de calidad y disminuir la brecha tecnológica entre los diferentes sectores educativos. 
• Procurar el acceso a la educación inclusiva, de calidad, libre de discriminación, acoso y violencia en entornos educativos seguros e infraestructura adecuada y pertinente, libre de violencia y acoso contra los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las instituciones y organizaciones relacionadas con el sector educativo y de protección. 
• Impulsar la evaluación educativa como una herramienta de mejora continua. 
• Construir estrategias de calidad educativa enfocadas en los departamentos que, según las evaluaciones educativas nacionales realizadas a graduandos durante el período 2006-2022 evidenciaron resultados más bajos. 
• Promover oportunidades para que los estudiantes que finalicen el nivel medio de educación tengan la opción de continuar sus estudios a nivel superior, esto en coordinación con el sector privado y la cooperación internacional, tomando en cuenta las diferentes áreas que el contexto laboral requiera. 
• Reenfocar el modelo educativo nacional para que la oferta educativa habilite a la población para desempeñarse según las necesidades del país y del mundo actual.

Análisis de contexto 

Para brindar la atención en salud a la población, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es el principal proveedor de servicios que cubre aproximadamente el 62% de la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el 18%, el 15% es atendido por los ministerios de la Defensa (MINDEF) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), así como el 5% por entidades privadas (MSPAS, 2020).

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la población en situación de pobreza y pobreza extrema es la que más ha hecho uso del servicio. En el 2014 el porcentaje de población en situación de pobreza general era de 59.3 (INE, 2015), este es uno de los factores de relevancia que inciden en el acceso a los servicios de salud. En palabras del MSPAS (2020) “la exclusión en salud se da en medio de la interacción entre las necesidades de salud y la capacidad de respuesta del Sistema de Salud ante dichas necesidades” (MSPAS, Diagnóstico de la situación de salud 2018, 2020). 

En cuanto a los indicadores de salud y específicamente en términos de la mortalidad, las cifras de mayor interés son específicas a la población materno infantil y de acuerdo con su causalidad se considera que son un efecto no solamente en la atención sanitaria, sino de todas las dimensiones del desarrollo que influyen en ellos; como los niveles socioeconómicos y educativos, así como las condiciones ambientales, entre otras. 

Las cifras más recientes de razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad infantil, indican rezagos respecto al estado de estos en otros países, pues superan las prevalencias en la región latinoamericana (Gráfica 11). 

Indicadores de salud materno-neonatal, Guatemala, al 2023

La “accesibilidad a servicios de salud”, permite establecer la disponibilidad de la infraestructura sanitaria en determinado espacio territorial, por cada 10,000 habitantes. También puede entenderse como, el acceso físico a los servicios de salud, sin dificultades27. Como se observa en el mapa, la mayor accesibilidad la presenta Baja Verapaz. Este fenómeno se considera que pueda deberse al número de habitantes de cada departamento, en relación con la cantidad de servicios de salud disponibles.

De acuerdo con los datos reportados por el Ministerio de Salud (2018), se indica que la accesibilidad que brindan los establecimientos de salud autorizados por el MSPAS según tipo de cobertura para el año 2018, se concentran principalmente en el departamento de Guatemala con una alta cobertura de 4.40 unidades médicas por cada 10,000 habitantes; le sigue Chiquimula con 2.27, Zacapa con 2.17 y Suchitepéquez con 2.0. Mientras que en el caso de la accesibilidad que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por medio de sus unidades médicas, la cobertura es más homogénea, distinguiéndose Huehuetenango con mayor cobertura (2.20) por cada 10,000 habitantes. 

En cuanto al recurso humano en salud, se conoce que el personal principal y de apoyo que presta atención en los diferentes servicios de salud lo componen auxiliares de enfermería, seguido de personal médico y técnicos de apoyo. La densidad total por cada 10,000 habitantes es de 14.24, mientras que de personal médico es de 3.44, con una brecha bastante amplia con relación a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica la necesidad de 23 médicos por 10,000 habitantes. 

Por otra parte, la OMS ha promovido la vacunación como una de las intervenciones más eficaces y eficientes para atender las enfermedades inmunoprevenibles. El MSPAS reportó entre los años 2020 y 2023, una cobertura nacional de vacunación en niñez menor de 5 años entre 78 y 80%, con una caída en 2021 y 2022, superando la brecha para el 2023, pero, aún sin acercarse al óptimo que es aproximarse a los rangos superiores al 90%. 

En Guatemala, según el documento Estado de Financiamiento de la Salud en Guatemala 2017, el pago directo en salud de los hogares, o gasto de bolsillo, ha ido aumentado desde el año 2000, los hogares realizaban pagos en salud por un monto de Q4,479 millones, acorde al dato del año 2016 se observa que se ha incrementado, la cifra ascendió a Q16,693 millones, en valores nominales. Cuando se examina este mismo gasto de bolsillo como porcentaje del PIB, se puede notar que el mismo también incrementó en el período 2000-2016, pasando de 2.99% a 3.19% en 2016. Cabe notar que el porcentaje más alto se registró en 2006, cuando el mismo llegó a representar un 4.05% del PIB. (MSPAS, Estado de Financiamiento de la Salud en Guatemala 2017, 2020).

Con relación al gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), este ha ido decreciendo, lo cual amplía la brecha respecto al porcentaje considerado como mínimo ideal por la OMS, de 6 % del PIB, para contar con los recursos que permitan la disponibilidad de infraestructura sanitaria, recurso humano, equipamiento, insumos, y estrategias de prevención, detección y atención oportuna de las diferentes necesidades de salud de la población. 

Con base a un enfoque integral y estratégico en el análisis de la situación de salud, tanto las principales condiciones de morbilidad descritas, como los indicadores de salud materno neonatal de la tabla, los problemas de salud que componen la estructura presupuestaria, y el riesgo de empobrecimiento en la población por gastos de bolsillo; entre otros, son factores que en el análisis de causalidad se ubican en el ámbito de los efectos de una limitada Cobertura Sanitaria Universal (CSU). 

De acuerdo con lo anterior, existe importantes desafíos para el Sistema de Salud de Guatemala, que es segmentado y fragmentado, con débil articulación interinstitucional e intersectorial para la formulación de políticas públicas, la prestación de servicios con enfoque de persona, familia y comunidad, y el abordaje de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Así también la suficiente coordinación entre los diferentes centros asistenciales, originando duplicidad de servicios, fragmentación de la atención en los hospitales, interrupción en la continuidad de la atención y reducida capacidad de respuesta con las necesidades de la población. Asimismo, continúa el predominio de programas focalizados en enfermedades, riesgos, poblaciones específicas, cuidados episódicos agudos y atención hospitalaria, que se expresan en más de 20 programas verticales que no se articulan en una atención integral, integrada y continua (MSPAS, 2019). 

Entre los principales efectos de las brechas en la Cobertura Sanitaria y el limitado acceso a servicios de salud, están las diferentes morbilidades de causas transmisibles y no transmisibles, así como, las tasas de mortalidad en la población materno infantil, además de diferentes problemáticas comunes en los diferentes grupos de edad, que comparten factores causales en los condicionantes y determinantes sociales y ambientales de la salud. 

El perfil epidemiológico de Guatemala ha manifestado una polarización entre la predominancia de las enfermedades infecciosas asociadas a brechas en el acceso a servicios básicos y el incremento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas. Todas estas causalidades; además de ser un efecto de la limitada cobertura y acceso a los servicios de salud, han sido asociadas a factores de riesgo y carencias secundarias que afectan la calidad de vida, como la pobreza, inseguridad y condiciones ambientales. 

Como parte de las barreras para el acceso a los servicios de salud, también se identifican las debilidades en las perspectivas en la atención a las personas, como género, interculturalidad y derecho a la salud. A pesar de encontrarse contenidos en las “Normas de Atención en Salud Integral para el Primero y Segundo Nivel” (MSPAS, 2020), y ser uno de los atributos esenciales del modelo asistencial actual del MSPAS (Redes Integradas de Servicios de Salud RISS), aún no se han incorporado plenamente a la prestación de servicios a la población. 

Visión estratégica para salud integral y accesible para todos 

Para responder a la demanda de detección y tratamiento oportuno de las necesidades de salud de la población maya, garífuna, xinka, mestizo, afrodescendientes; y, para incrementar las acciones de promoción y prevención nacional y territorial, el sistema de salud pública no sólo deberá fortalecer la capacidad institucional, sino también las estrategias de financiamiento, rectoría y toma de decisiones participativas que aseguren el bienestar y la equidad en el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad a los distintos grupos etarios, sin discriminación de sexo, orientación sexual, edad y origen étnico, entre otros; incorporando, regulando y fortaleciendo los sistemas alternativos como la medicina natural y la medicina tradicional, de acuerdo con lo establecido en el Código de Salud.  (Anexo 1)

Líneas estratégicas 

• Continuar con la gestión en el marco de una atención continua e integrada, según las necesidades de la población por etapa del ciclo de vida, personas, familias y comunidades, desde la perspectiva de pueblos, etario y de género. 
• Ampliar la cobertura de intervenciones con la accesibilidad a los servicios de salud, incrementando. la disponibilidad del primer y segundo nivel de atención, primordialmente en comunidades rurales de difícil acceso, fortaleciendo los enfoques propios que la población indígena implementa. 
• Construir y mejorar la infraestructura especializada necesaria para reducir las brechas de acceso al diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos de enfermedades crónicas, degenerativas especialmente cáncer y enfermedad renal crónica; así como, la disponibilidad de los medicamentos necesarios para su tratamiento. 
• Reforzar los mecanismos existentes e impulsar la participación de los diversos actores en el esfuerzo conjunto para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes. 
• Promover estrategias asequibles y viables para proteger la salud mental. 

Asimismo, es importante resaltar que, para la plena realización de los derechos de las mujeres, su igualdad y su autonomía económica y corporal con relación a sus derechos reproductivos, será necesario continuar con el desarrollo de campañas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios de salud de manera integral.

El reconocimiento de las diferentes visiones y expresiones culturales que forman Guatemala y que constituyen la base del tejido social, requiere de un esfuerzo conjunto y articulado de la institucionalidad pública, para lo cual se considera imprescindible la creación y ampliación de acciones gubernamentales, que promuevan y fomenten las diferentes manifestaciones artísticas en el campo de la literatura, música, danza, artes plásticas, arte dramático, artes visuales; la investigación en el campo artístico, identidad cultural, otras prácticas culturales de carácter popular y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. 

Líneas estratégicas 

• Promover la protección de la propiedad intelectual, colectiva sobre textiles e indumentaria de los pueblos y comunidades indígenas. 
• Impulsar y fortalecer la restauración, preservación y protección del patrimonio cultural, en particular con los museos y sitios arqueológicos, utilizando las herramientas de innovación tecnológica. 
• Promover el reconocimiento al papel del artista nacional en la construcción de una sociedad pacífica, respetuosa, innovadora y democrática, así como su dignificación gremial. 
• Fortalecer las capacidades y mejorar las condiciones laborales del recurso humano institucionalizado que trabaja en favor de la formación y difusión artística. 
• Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.

Análisis de contexto 

En Guatemala el déficit habitacional29 ha cobrado mayor incidencia en los últimos años como lo muestra los datos del Censo de 2018, los cuales afirman que el déficit habitacional era de 19.8% y refleja una tendencia a la reducción porcentual del mismo; sin embargo, el número de hogares que carecen de vivienda se incrementa. Otro factor que se suma al déficit de vivienda es el limitado acceso al crédito para la adquisición o mejora de la vivienda, derivado de los niveles de ingresos, acceso a fuentes formales de empleo y la situación de certeza jurídica de la tierra (Gráfica 12).

Déficit habitacional en Guatemala, 1981-2024

El departamento con mayor déficit de vivienda es Suchitepéquez (32.5%) seguido de Guatemala (30.8%), Escuintla (28.3%) y Retalhuleu (26.2%). En el caso del departamento de Guatemala, se explica fácilmente su causa, esta puede residir en la migración interna. Ello, debido a que los grupos poblacionales tienden a buscar naturalmente las metrópolis (Ciudad Capital) por su grado de mayor desarrollo económico; en los otros casos, debe profundizarse en las causas. Los departamentos en que este fenómeno tiene menos incidencia, en su orden, son: Totonicapán (9.1%) Huehuetenango (9.4%) Quiché (9.6%) y Sololá (9.8%). Esta situación contrasta, inversamente proporcional, al Índice de Desarrollo Humano -IDH- (INE, 2019). Esta situación contrasta, inversamente proporcional al Índice de Desarrollo Humano -IDH- (INE, 2019); debido a que, en los departamentos en mención, refleja condiciones de desarrollo menos favorable para su población30. Lo anterior se contrasta con lo revelado por el Censo 2018, en cuanto a la tenencia de vivienda (Gráfica 13.)

Tenencia de la vivienda 2018

En cuanto a los materiales utilizados en la construcción de vivienda, el Censo 2018, evidencia que el 56.5% de las viviendas tiene pared de block, el resto se distribuyen entre ladrillo, concreto, adobe, madera, lámina, bajareque y material de desecho. El material que predomina en los techos de las viviendas es lámina metálica (68.1%), le siguen en su orden concreto, teja, asbesto, material de desecho y otros. El piso, principalmente es de torta de cemento (37.8%), de tierra (26.5%) y ladrillo cerámico (22.6%), además de ladrillo de cemento, ladrillo de barro, parqué o vinil, madera y otros. 

Respecto a los servicios básicos, el Censo 2018 indica que el 58.9% de viviendas, tiene acceso a agua entubada; el 41.1% la obtiene de otras fuentes (tubería fuera de la vivienda, chorro público, pozo perforado, agua de lluvia, río o lago, manantial o nacimiento, camión o tonel y otro). El 44.9% usa un inodoro conectado a la red de drenaje, el 32.3% usa letrina o pozo ciego, el 18% se distribuye entre los que usan inodoro conectado a fosa o excusado lavable, destaca que el 4.8% no tiene inodoro; de ellos el 84% tiene inodoro exclusivo para el hogar, el resto lo comparte. Además, según el Ministerio de Energía y Minas, reporta que la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional es de 89.94% de los hogares, identificando algunos departamentos con menos del 80% de cobertura. (MEM, 2022).

Visión estratégica en el marco de la vivienda de calidad 

Para garantizar el bienestar integral de la población, la actual administración gubernamental fortalecerá las intervenciones que aportan a la reducción del déficit habitacional, principalmente las enfocadas en ampliar el acceso de las familias a una vivienda digna y al mejoramiento de las condiciones de hogares que carecen de un mínimo de habitabilidad. 

• Mejorar el acceso de los hogares a los servicios públicos básicos, enfatizando acciones orientadas a las áreas rurales; con prioridad en agua potable, saneamiento ambiental, alcantarillado y energía eléctrica. 
• Promover alianzas con diversos actores para que las viviendas cuenten con servicios básicos.

El análisis del empleo según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2022, muestra que la Tasa Global de Participación, se encuentra alrededor del 60.2%. De ellos el 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. La relación se invierte cuando se analiza la población inactiva mayor de 15 años, que se encuentra con el 80.3% de mujeres inactivas en contraposición al 19.7% a los hombres. No obstante, de este comportamiento se puede explicar porque muchas de estas mujeres están realizando trabajo no remunerado, tal como tareas del hogar, cuidado de niños y enfermos, ventas al menudeo a puertas cerradas, entre otras. (Gráfica 14).

Tasa Global de Participación

Por su lado la fuente anterior también advierte que, las personas ocupadas muestran poca especialización de la mano de obra, pues la mayor parte de esta se concentra en actividades ocupaciones elementales, con un 26.5%, seguido de los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados con un 21.4%; los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios que agrupan el 17.66%, la última categoría más importante es: agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros con un 13.4%, estas cuatro categorías contienen el 78.9% de todas las ocupaciones agrupadas en la ENEI. 

A pesar del dato observado en el indicador de empleo en el país, se presenta una tasa de informalidad laboral del 71.1% que consiste en 5.1 millones de personas que tienen una “relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo (OIT, 2023)”, hecho que denota una profunda precariedad en las condiciones laborales, por ende, impacta en los hogares con necesidades básicas insatisfechas.

Visión estratégica en el marco del empleo digno 

La promoción del empleo digno es una de las medidas que este gobierno implementará como una base fundamental para el desarrollo social y de las personas. 

Empleo digno para las y los guatemaltecos, con enfoque en derechos y dialogo social tripartido; así como la promoción y verificación de normativas en materia laboral contribuirá al desarrollo socioeconómico del país. Para ello, se fomentará la mejora de las capacidades del capital humano mediante acciones que generen condiciones para la formación y capacitación para el trabajo y la empleabilidad de la población, para garantizar la inclusión laboral, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en los departamentos con mayor precariedad ocupacional y con mayores índices de pobreza. 

• Considerar las áreas que demanda el mercado actual y que tienen una oferta insatisfecha de trabajadores formados en tecnologías de la información: el conocimiento (TICs), ciencia de datos, machine learning, big data, inteligencia artificial, marketing digital, seguridad de la información, desarrollo de software y aplicaciones, habilidades gerenciales e idiomas extranjeros.
• Promover reformas que otorguen a las mujeres rurales la igualdad de derechos a los recursos económicos, el fácil acceso a la propiedad y al control de la tierra.
• Establecer guarderías o centros de cuidado infantil, gratuitas o subvencionadas en comunidades, lugares de trabajo y complejos de viviendas, para promover el empoderamiento económico de las mujeres y el apoyo a las madres trabajadoras. 
• Fomentar el crecimiento de los sectores agropecuario, manufacturero, cooperativista y turístico, priorizando los departamentos que presentan los más altos índices de las necesidades básicas insatisfechas en precariedad laboral.
• Propiciar condiciones o entornos económicos favorables para el desarrollo del emprendimiento y microempresas promoviendo el encadenamiento productivo, tanto en los mercados financieros tradicionales como los asociativos; y el apoyo técnico. 
• Fortalecer la intermediación de la oferta y demanda laboral, así como los procedimientos de formalización del empleo en un clima de confianza y garantías para dinamizar la economía. 
• Promover acciones que fomenten el empleo en períodos donde el trabajo cotidiano se reduce por la temporalidad de la dinámica agrícola. 
• Impulsar actividades que mejoren la accesibilidad y conectividad, para el intercambio comercial de las comunidades, contemplando comunidades afectadas por los fenómenos naturales.