Análisis de contexto
La persistencia de altos niveles de inseguridad y criminalidad y de grupos sociales que se encuentran en vulnerabilidad por la delincuencia, sumado a una reducida capacidad del Estado, especialmente del poder civil, inciden de forma negativa en la democracia y desarrollo de los pueblos. En ese sentido, la Seguridad Democrática busca potenciar, en consonancia con los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República, mediante el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, garantizar que todos los ciudadanos puedan buscar y alcanzar su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia.
Por ello, es relevante que las fuerzas de seguridad civiles sean fortalecidas para alcanzar la cifra propuesta por Naciones Unidas de 300 elementos por cada 100 mil habitantes, ya que la tasa actual es de 228. Este fortalecimiento debe atender especialmente aquellos departamentos que tienen la mayor concentración de incidencia criminal y con una tasa menor a 228 agentes por 100 mil habitantes: Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Sacatepéquez, Santa Rosa, Zacapa y Alta Verapaz, este último con la tasa más baja: 39 agentes por 100 mil habitantes y una distribución de 32 por municipio. Además, en consonancia con el principio de facilitar el acceso a todos los ciudadanos es vital la asignación de personal originario de los pueblos y con dominio del idioma materno de la localidad.
De los delitos con mayor participación en el índice de criminalidad a nivel nacional, se reportan los delitos contra la libertad, de ellos, son las extorsiones las que tiene el mayor porcentaje (49), reportándose en 13 municipios del departamento de Guatemala el 50 % del total de denuncias. Otros municipios que reportan cifras altas de este delito son: Escuintla, Palín, Santa Lucía Cotzumalguapa y San José del departamento de Escuintla; el municipio de Chimaltenango; Puerto Barrios de Izabal; el municipio de Retalhuleu; Cobán de Alta Verapaz; Palestina de los Altos y Coatepeque de Quetzaltenango; el municipio de Jutiapa, Mazatenango en Suchitepéquez; Barberena de Santa Rosa; Fraijanes de Guatemala, el municipio de Jalapa, Antigua Guatemala y San Lucas Sacatepéquez de Sacatepéquez. En tanto se reportó mayor número de denuncias de desapariciones en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Suchitepéquez, El Progreso, Izabal y Santa Rosa. (Mapa 6)
Delitos reportados a nivel nacional, año 2023
De los delitos contra el patrimonio, los que concentran un número mayor son: el robo de motocicletas, robo de vehículos y armas de fuego; según el MINGOB se plantea como principales causas de estos delitos la disputa de criminales por territorio, derivado a su vez por un bajo control social; poca presencia de la seguridad pública; organización criminal y variables situacionales que aumentan la vulnerabilidad o riesgo de ser víctimas de actos delincuenciales.
De acuerdo con el MINGOB, los factores que inciden en la ocurrencia de los delitos contra de la vida son: la voluntad del individuo para la comisión del delito, características sociodemográficas, fácil acceso a las armas, débil regulación en el control de las armas especialmente de fuego y el uso de drogas y alcohol. Asimismo, estas causas, son comunes en la incidencia de los delitos como: violaciones, violencia contra las mujeres y niñas y violencia intrafamiliar.
Según datos proporcionados por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), con respecto a la violencia sexual las principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes, prueba de ello es el reporte de 3576 casos con agravio del delito de violación (2023).
Porcentaje de participación por agrupación de delitos, 2023
Con relación a la trata de personas, un fenómeno criminal que violenta derechos fundamentales como la dignidad, la integridad y la libertad, visto como mercancía cuyo objetivo es beneficiar a terceras personas. Las niñas, niños y adolescentes y las mujeres son los grupos más vulnerables ante este flagelo, pero principalmente las mujeres. De acuerdo con la SVET, las víctimas de trata de personas según los registros, el 84% son mestizas, el 12.4% maya y el 3.6% extranjeras. Respecto al nivel de escolaridad de las víctimas, el 46.2% con nivel primario, el 32% con nivel básico, 3.6% estudios del nivel diversificado, el 1.8% con estudios universitarios y el 16.4% analfabetas. La trata de personas en la modalidad de explotación sexual continúa siendo la que más afecta a las víctimas. Durante el año 2023, representó el 62.3%, seguido por la explotación laboral con 22.2%, la pornografía con 4.4% y otras modalidades que suman el 11.1%.
La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones está teniendo un impacto que amenaza la reproducción, el bienestar y la estabilidad social, condicionando al Estado a intervenir desde un enfoque integral, interseccional e intersectorial. Esto implica que abordar el empoderamiento económico, participación política y ciudadana, protección social y acceso a la toma de decisiones es el conjunto de acciones preventivas para que el fenómeno no siga ocurriendo.
El incremento de la inmigración y emigración trae consigo la influencia del Crimen Organizado Transnacional (narcotráfico, trata de personas, terrorismo, contrabando, pandillas, violación a la soberanía, ciberataques, tránsito y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos), lo que ha generado un clima de inestabilidad económica, política y social, especialmente en los habitantes de las áreas fronterizas, teniendo identificados ciento cincuenta (150) Cruces Vehiculares Irregulares y doce (12) Cruces Fluviales Irregulares en el Límite Político Internacional.
Guatemala posee una ubicación geográfica privilegiada, ya que tiene acceso al Océano Pacífico y al Atlántico, lo que le permite contar con una diversidad de recursos. Además, se constituye en un paso estratégico para el intercambio comercial con varios países. Por otra parte, esa misma ubicación, facilita las condiciones para el desarrollo de actividades de delincuencia organizada transnacional como la narcoactividad, contrabando, tráfico ilícito de armas, tránsito y trata de personas, entre otras, sumado a que el país también es vulnerable a amenazas naturales, antropogénicas y terrorismo internacional.
Visión estratégica de la seguridad democrática
Para vivir en un país con seguridad democrática es preciso la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, articular los servicios de inteligencia militar, civil y policial con diferentes instituciones del sector y otros actores relacionados para brindar seguridad en los territorios, fronteras terrestres, aéreas y marítimas para proteger la soberanía y la integridad territorial, así como, la seguridad del patrimonio y de las personas, con el objeto de promover la justicia pronta y cumplida para toda la población.
Líneas estratégicas
- Fortalecer la estrategia defensiva del Ejército de Guatemala, centrada en la modernización y el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa para orientar el esfuerzo en la conducción de la defensa, protección de áreas fronterizas, apoyo para la protección del medio ambiente, gestión de riesgos ante desastres naturales y antropogénicos, apoyo a las fuerzas de seguridad civil a requerimiento y la proyección de la cooperación de seguridad a nivel nacional e internacional.
- Mejorar las capacidades instaladas de la institución policial, mediante la profesionalización y dignificación del personal, así como la construcción y mejora de las instalaciones de las comisarias, estaciones y subestaciones a nivel nacional.
- Impulsar un modelo de gestión penitenciaria segura en congruencia con la actualización de la política penitenciaria y la reforma del sistema penitenciario, con el propósito de tener un mayor y mejor control de la población privada de libertad y despojar del control que el crimen organizado, ha tenido sobre los centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena.
- Establecer una mayor y efectiva comunicación y coordinación entre la fuerza policial y la comunidad para el abordaje estratégico de los delitos en todos los niveles, con énfasis en los municipios priorizados, implementando un adecuado modelo de atención integral para la protección, principalmente de la población con mayor riesgo de ser cooptados por los grupos delictivos.
- Impulsar acciones institucionales para la prevención de la violencia en todas sus formas, por medio de la prevención, persecución y sanción, según aplique en los casos de violencia de género sin discriminación ni estigmatización por su origen, diversidad sexual, religión, discapacidad, entre otros.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional del sector, con los gobiernos locales y el acercamiento con los demás sectores para trabajar juntos, prevenir y contrarrestar las actividades ilegales en beneficio de la población guatemalteca.
- Procurar garantizar la atención institucional para atender a los grupos de población que han sido víctimas de violencia y/o de comisión de delitos (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad).
- Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos.
- Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos.
- Promover mecanismos para robustecer el marco institucional que permita un mayor nivel de funcionamiento y coordinación intersectorial en los asuntos de la seguridad democrática que garantice la vigilancia y protección de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres, así como, las zonas fronterizas remotas y escasamente controladas para combatir los tráficos ilegales en todo el territorio nacional, reafirmando el respeto a las normas del derecho internacional y los compromisos internacionales que el Estado de Guatemala ha adquirido, restableciendo la credibilidad del país a nivel internacional.
- Implementar acciones preventivas y reactivas que busquen la erradicación de este tipo de delito, en coordinación con diferentes instituciones que permitan detectar y anticipar los hechos.
- Incrementar las intervenciones de la institucionalidad pública responsable de las acciones relacionadas con el control y reducción de los delitos vinculados con el tráfico ilegal para reducir la porosidad que en los últimos años ha permitido el incremento de este delito; mediante una articulación social con mayor participación de todos los sectores, a través de soluciones en conjunto, consensos y acuerdos que se puedan plantear entre los actores con mayor incidencia.
- Promover acciones estratégicas como la presencia y el incremento de los servicios gubernamentales en las fronteras, incremento del control de trata en sus diferentes formas; establecer alternativas de control en los territorios, el manejo y control de los recursos naturales, y fortalecer la institucionalidad responsable de dirigir, coordinar e implementar las acciones para disminuir tales delitos.
- Implementar acciones interinstitucionales focalizadas en los territorios con mayor índice de criminalidad de forma coordinada, para enfrentar los delitos contra la vida, la libertad y el patrimonio; así como las denuncias por desaparición de personas.
