La violación a los derechos humanos de las personas migrantes es uno de los grandes retos que afronta el Estado de Guatemala en la actualidad, como lo demuestran diversos reportes y denuncias, que incluyen la discriminación, xenofobia, limitación en el acceso a servicios públicos, así como la comisión de delitos en contra de la población migrante, tales como la extorsión, abuso de autoridad, robo, violencia sexual, explotación y trata de personas, tráfico ilícito de personas, entre otros delitos de los cuales la población migrante es víctima, lo anteriormente señalado con mayor incidencia en personas extranjeras en situación irregular en el país.
Solo en 2022 se denunciaron 343 violaciones a los derechos humanos de personas en contextos de migración, ante el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien actúa en la defensa de los derechos de la población migrante.
Ante las dificultades y riesgos que implica la migración en situación irregular, muchas personas migrantes, usan a traficantes de personas o “coyotes” como opción para evadir los controles migratorios a lo largo de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, sin embargo, esto aumenta los riesgos a los que se están expuestas las personas migrantes.
Datos del Ministerio Público (MP), señalan que entre 2015 y 2022, un total de 1,423 personas fueron agraviadas por el delito de tráfico ilícito de personas (MP, 2023); es en estas redes que las personas se ven expuestas a violencia y abusos. En los esfuerzos del Estado de Guatemala por velar por la protección de la población migrante, se reformó la Ley de Migración, Decreto Número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, imponiendo penas más severas para los traficantes de personas.
Según datos del MP entre 2012 y 2022, un total de 6,622 personas fueron víctimas del delito de trata de personas en el país, de las cuales, 727 (11%) eran extranjeras. Los departamentos con mayor incidencia del delito son Guatemala (22.6%), Escuintla (13.5%) y San Marcos (10.7%).
La población extranjera víctima de trata de personas es joven, 25.5 años en mujeres y 28.5 años en hombres. Del total de víctimas, el 78.9% eran mujeres. Las nacionalidades más afectadas son, hondureña (45.1%), salvadoreña (20.9%) y nicaragüense (13.2%). Hay que destacar que, del total de personas extranjeras víctimas por este delito, el 13.9% era menor de edad, fundamentalmente mujeres (81.4%) y cuya modalidad de trata de personas que experimentaron fue la explotación sexual (MP, 2023).
