Teniendo en consideración la cantidad de la población guatemalteca retornada y de las personas extranjeras en el país, es importante contar con lineamientos que orienten el accionar de las instituciones estatales para favorecer e impulsar los procesos de reintegración e integración de dicha población en el país.
En el caso de las personas guatemaltecas retornadas, hay múltiples factores que deben ser considerados, pero dos elementales se refieren a la dificultad para su reintegración y el mantenimiento de las condiciones expulsoras de origen, lo cual pudiese repercutir en la reincidencia en la migración irregular y, por ende, estar expuestos a nuevos riesgos, tales como ser víctima de delitos y vulneraciones a sus derechos humanos.
Tanto en nivel educativo como en el ámbito laboral, es de notar, que personas migrantes extranjeras son parte de subregistros y con frecuencia no cuentan con la documentación adecuada para ejercer su ocupación o profesión o para educarse en el país. Si bien se han realizado esfuerzos en la materia, persisten las brechas para laborar o estudiar en el país, elementos que claramente dificultan su integración a la sociedad guatemalteca.
Aún se requiere de una articulación y coordinación interinstitucional más robusta que permita fortalecer los procesos de reintegración de estas personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, entre otras.
En el esfuerzo para garantizar la reintegración de la población guatemalteca retornada, es necesario considerar su acceso a la salud, educación y trabajo, así como otras acciones diferenciadas que permitan que el proceso de reintegración sea integral.
En el caso de las personas extranjeras, uno de los perfiles que en particular necesita impulso para su integración económica y social en el país, son las personas con necesidad de protección internacional en proceso y personas a las que se ha otorgado el estatuto de refugiado, esto debido a las condiciones en que ingresan al país y su situación de vulnerabilidad.
Es indispensable mencionar que a través del principio de universalidad de los derechos humanos se garantiza el acceso a estos. El Código de Migración, Decreto Número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, consolida dicho acceso a través de las dependencias del Estado; derechos y servicios de salud, educación, seguridad, trabajo y aquellos necesarios para el desarrollo de la vida de las personas migrantes.
